Jacksonville aprueba ley contra inmigración ilegal en un polémico giro político

Jacksonville aprueba ley contra inmigración ilegal en un polémico giro político

Jacksonville aprueba una ley que penaliza la inmigración ilegal, generando debate sobre seguridad y derechos humanos en EE. UU.

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros

Juan Brignardello Vela

Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

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Política

En un giro notable en la política migratoria de Estados Unidos, la ciudad de Jacksonville, Florida, ha aprobado la Ley de Aplicación de la Inmigración Ilegal, que convierte en delito local la entrada y residencia de personas sin estatus legal. Con el apoyo de 12 miembros del Consejo Municipal y solo 5 en contra, esta normativa ha generado un debate profundo sobre los límites de la seguridad pública y los derechos humanos en un contexto ya polarizado en cuanto a la inmigración. Nick Howland, un miembro del Consejo, enfatizó que Jacksonville se ha convertido en la primera ciudad en implementar una norma de este tipo, lo que refleja un alineamiento con las políticas del presidente Donald Trump y del gobernador Ron DeSantis. Howland argumentó que la ley es esencial para asegurar las fronteras y mantener la seguridad en las calles locales, en un momento en que la inmigración ilegal se ha convertido en un tema candente en la agenda política nacional. El enfoque de la ley se basa en dos elementos clave: penalizar la presencia de inmigrantes indocumentados y proporcionar a las fuerzas del orden herramientas adicionales para su identificación. Para ello, se han asignado $76,000 del presupuesto municipal para la compra de 25 escáneres móviles de huellas dactilares. Esta inversión está destinada a facilitar la labor de las unidades de patrullaje en el condado de Duval y a mejorar la coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que respecta a la deportación de infractores. Las sanciones establecidas por la ordenanza son directas y severas. Los infractores primerizos enfrentarán hasta 30 días de cárcel, mientras que los reincidentes podrán ser castigados con hasta 60 días de prisión. Howland defendió que estas penas no solo son castigos, sino una forma de "ofrecer más tiempo" a las autoridades para coordinar deportaciones, lo que, según él, mejoraría la eficacia del proceso migratorio en el ámbito local. La aprobación de la ley se produce en un contexto donde, durante 2024, Jacksonville arrestó a 602 inmigrantes indocumentados, de los cuales solo 334 fueron referidos al ICE. Entre estos, algunos enfrentaban graves cargos criminales, lo que, para Howland, justifica la necesidad de una legislación más estricta. "Es una cuestión de mantener a personas que podrían poner en peligro a nuestra comunidad fuera de las calles", afirmó. Sin embargo, esta nueva normativa ha encontrado fuertes críticas. La alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, se ha posicionado en contra de la ley, argumentando que la legislación estatal ya es suficientemente severa y que la nueva ordenanza resulta redundante. Deegan ha señalado que la ley no introduce nada que no esté ya contemplado en las normativas federales o estatales, y ha advertido sobre los posibles problemas legales que esta podría generar al trasladar responsabilidades federales al ámbito local. La alcaldesa también recordó que Jacksonville tiene un acuerdo activo con el ICE desde 2008, y que desde 2019, las ciudades santuario están prohibidas en Florida. Para Deegan, la nueva ley no solo es innecesaria, sino que podría convertirse en un motivo de disputas legales, complicando aún más un panorama ya cargado de tensiones. Por otro lado, el sheriff de Jacksonville, T.K. Waters, ha apoyado la ley desde una perspectiva operativa. Según él, su departamento ha sido testigo de las consecuencias de las políticas migratorias que han fracasado en el pasado, y considera que esta nueva normativa es una herramienta crucial para garantizar la seguridad de la población local. "Enviamos un mensaje claro: Jacksonville no será un santuario para los delincuentes que ingresan ilegalmente", declaró, subrayando la intención de la ciudad de abordar el tema de la inmigración de manera más activa. La aprobación de la Ley de Aplicación de la Inmigración Ilegal en Jacksonville no solo marca un hito local, sino que también podría tener repercusiones en otras ciudades del país. Con un entorno político en constante cambio y una creciente polarización en torno a la inmigración, será interesante observar cómo se desarrollan los acontecimientos en esta ciudad y si otras localidades seguirán su ejemplo.

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